El PAMI inició una investigación a nivel nacional por presuntas irregularidades en la provisión de anteojos para jubilados y pensionados. El foco está puesto en posibles maniobras de sobrefacturación, prestaciones inexistentes y manipulación de órdenes médicas electrónicas en distintas jurisdicciones.

De acuerdo con una auditoría interna difundida en las últimas horas, se habrían detectado prácticas sistemáticas en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero. Entre las irregularidades señaladas figuran lentes de baja graduación facturados como si fueran de alta complejidad, con diferencias de valores que en algunos casos quintuplicaban el costo real.

También se habrían identificado “prestaciones fantasma”: consultas y estudios oftalmológicos facturados sin respaldo en historias clínicas. El informe menciona que hasta la mitad de las órdenes auditadas presentaban inconsistencias.

Córdoba: sin denuncias locales, pero con fuerte reclamo por pagos

Hasta el momento, no se informaron casos detectados en Córdoba. Desde la Cámara de Ópticas provincial aseguraron que no registraron irregularidades en el distrito y pidieron que la investigación diferencie situaciones puntuales de la operatoria general.

Cristian Pastore, titular de la entidad, explicó que las ópticas actúan como prestadoras del servicio pero no intervienen en la prescripción médica. “El paciente llega con su receta, se confecciona el anteojo y luego se tramita el cobro administrativo. No evaluamos la indicación médica”, sostuvo.

Sin embargo, más allá del escándalo por el presunto fraude, el principal problema en Córdoba es financiero: el sector denuncia una deuda acumulada superior a los $1.600 millones por prestaciones realizadas entre noviembre y enero.

Según detallaron, antes el circuito de pago demoraba alrededor de dos meses. Actualmente, el retraso generó un fuerte descalce económico: las ópticas financiaron la entrega de anteojos con fondos propios, lo que impactó en su capacidad para pagar a laboratorios y proveedores.

“Se genera una cadena de desfinanciamiento que termina afectando a todo el sistema”, advirtieron.

Cambios en la cobertura y tensión en el sistema

La investigación se da en paralelo a modificaciones recientes en el esquema de entrega de anteojos. Desde abril, el PAMI redujo la cobertura de dos pares por año a uno cada dos años e implementó cupos mensuales.

La medida fue presentada oficialmente como un mecanismo para evitar abusos en la prescripción. Sin embargo, desde el sector óptico y algunos especialistas advierten que la restricción podría afectar a adultos mayores con patologías visuales progresivas, como cataratas o degeneración macular.

Este contexto abre un debate más amplio: cómo equilibrar el control del gasto público y la transparencia en la facturación con el acceso efectivo a prestaciones esenciales para jubilados.

Un sector golpeado por la caída del consumo

El conflicto también se inscribe en una coyuntura económica compleja. El rubro óptico registra una caída interanual de ventas cercana al 16%, lo que afecta principalmente a pymes y comercios familiares.

La falta de liquidez no solo impacta en las ópticas, sino también en laboratorios de cristales y proveedores de insumos, generando un efecto dominó en la cadena productiva.

Desde la Cámara cordobesa aseguraron que, por ahora, el servicio a afiliados no se interrumpió, pero reconocen que la situación es difícil de sostener si no se regularizan los pagos. “El jubilado ya hizo su aporte. Si no recibe su anteojo, alguien en la cadena está fallando”, señalaron.

Mientras avanza la investigación por presunto fraude, el desafío para el PAMI será doble: transparentar el sistema y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad de una prestación clave para millones de adultos mayores en todo el país.