En una sesión maratónica y cargada de tensión política, la Legislatura de Tierra del Fuego dio marcha atrás con la convocatoria a la reforma parcial de la Constitución provincial impulsada por el gobernador Gustavo Melella. La decisión no solo representa un duro revés institucional para el Ejecutivo, sino que además dejó al descubierto una fractura profunda dentro del peronismo local.

La derogación de la ley que habilitaba la elección de convencionales constituyentes —prevista para el 9 de agosto— fue aprobada por 11 legisladores de distintos bloques, entre ellos el peronismo alineado con La Cámpora, La Libertad Avanza, el Movimiento Popular Fueguino, el Partido Verde y otras fuerzas provinciales. El oficialismo, referenciado en FORJA, quedó en minoría con apenas cuatro votos.

Reforma constitucional: los puntos en disputa

La iniciativa de Melella contemplaba la modificación de más de 70 artículos de la Carta Magna provincial. Entre los ejes centrales figuraban:

• Límites a las reelecciones indefinidas de legisladores.
• Eliminación de cargos vitalicios en entes públicos.
• Tope salarial vinculado al sueldo del gobernador.
• Implementación del expediente digital y modernización administrativa.

Desde el Ejecutivo sostienen que el proceso constituyente ya está en marcha y que no puede ser revertido por una mayoría simple. “Vamos a vetar la ley y avanzar por la vía judicial”, adelantaron desde el entorno del gobernador.

El antecedente judicial es clave: el Superior Tribunal de Justicia provincial había avalado en 2025 la legalidad del proceso y ordenado fijar una nueva fecha electoral dentro de un plazo determinado. Con ese respaldo, el oficialismo confía en que la convocatoria no puede ser anulada por conveniencia política.

Crisis política y disputa por recursos

El trasfondo del conflicto va más allá de la reforma. La ruptura entre Melella y sectores del kirchnerismo fueguino —en especial el espacio que lidera el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto— responde también a disputas por recursos y cumplimiento de acuerdos.

Intendentes de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin reclaman demoras en la transferencia de fondos coparticipables, que estiman entre 11.000 y 12.000 millones de pesos. En paralelo, la Legislatura aprobó una ley de “goteo diario” para garantizar envíos automáticos a los municipios, otro golpe político para el Ejecutivo.

La coincidencia entre kirchneristas y libertarios en la votación dejó una foto inédita en la provincia. Desde La Cámpora celebraron el freno a lo que consideran una “aventura electoral” en un contexto de déficit fiscal, conflictos docentes y tensiones en la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). Desde La Libertad Avanza calificaron la reforma como “injustificada” y desconectada de la realidad económica provincial.

Impacto fiscal y debate institucional

Uno de los argumentos centrales de la oposición fue el costo estimado del proceso constituyente, calculado en más de $8.000 millones. En un escenario de ajuste presupuestario y caída de recursos, ese gasto fue señalado como inoportuno.

Sin embargo, desde el oficialismo remarcan que la discusión institucional no puede quedar subordinada a coyunturas económicas y que la modernización del Estado requiere una actualización constitucional.

El conflicto abre un escenario incierto: si el Ejecutivo veta la derogación y judicializa la decisión legislativa, la disputa podría trasladarse nuevamente a los tribunales, prolongando la crisis política.

Un peronismo fracturado

Melella fue reelecto en 2023 con respaldo peronista, pero tras las legislativas de 2025 la coalición comenzó a mostrar fisuras. La votación de esta semana evidenció la ruptura de la mayoría oficialista en la Legislatura.

La pregunta que queda abierta es si el enfrentamiento es coyuntural o marca un reordenamiento definitivo del mapa político fueguino de cara a 2027. Mientras tanto, la reforma constitucional quedó en suspenso y Tierra del Fuego atraviesa uno de los momentos de mayor tensión institucional de los últimos años.