Hay USD 18.000 millones en juego, dos gobernadores que se pelean en público y una jueza de Chilecito que, con un fallo de 30 días de suspensión, encendió uno de los conflictos interprovinciales más calientes de los últimos años. El proyecto minero Vicuña —que agrupa los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con reservas de cobre, oro y plata— parecía destinado a convertirse en el gran símbolo de la apuesta extractiva argentina. Por ahora, se convirtió en el epicentro de una disputa territorial que tiene mucho de viejo y algo de nuevo.

El fallo que paró todo

El 14 de abril, la jueza riojana María Greta Decker firmó en Chilecito una resolución que ordenó detener por 30 días las actividades del proyecto Vicuña en suelo de La Rioja. La medida, impulsada por la Fiscalía de Estado provincial, también prohibió la circulación de maquinaria y vehículos por el corredor Guandacol–Santa Elena–Zapallar–Las Cuevas–La Ciénaga, la vía de acceso que la empresa utiliza para abastecer sus campamentos a 4.000 metros de altura.

La empresa Vicuña Argentina S.A. quedó autorizada únicamente a mantener personal mínimo para tareas esenciales de mantenimiento y salubridad. Para reanudar operaciones, debe presentar una Evaluación de Impacto Ambiental integral ante las autoridades riojanas. Sin ese documento, el acceso sigue bloqueado.

El corredor Guandacol se extiende por más de 200 kilómetros entre ambas provincias y es vital para el proyecto. Su corte dejó en evidencia algo que los impulsores del megaproyecto habían subestimado: la dependencia logística de Vicuña respecto al territorio riojano es total, aunque el yacimiento esté en subsuelo sanjuanino. La empresa optó por activar de manera transitoria una ruta alternativa por Iglesia, en San Juan, para no paralizar completamente las operaciones.

Quintela va al hueso: cuestiona los límites de la dictadura

El gobernador riojano Ricardo Quintela no se quedó en el reclamo ambiental. Elevó el conflicto a un plano mucho más profundo: la legitimidad misma de los límites interprovinciales vigentes. En declaraciones radiales, Quintela sostuvo que la delimitación entre La Rioja y San Juan fue definida en 1968, durante un gobierno de facto, y que por eso carece de legitimidad institucional. Reclamó la revisión de esos acuerdos y propuso que sea el Senado de la Nación el árbitro de la disputa: "El árbitro tiene que ser el Senado".

El argumento no es nuevo. La discusión sobre límites interprovinciales que quedaron fijados durante gobiernos militares tiene antecedentes en varias partes del país. Pero Quintela le pone combustible político a un debate que, en condiciones normales, sería técnico y judicial: está reclamando soberanía sobre la zona donde se encuentra el proyecto Josemaría y sobre el área de Ischigualasto, y lo hace con un proyecto de USD 18.000 millones como telón de fondo.

Orrego no cede un milímetro

La respuesta del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego fue inmediata y en tono de dureza: "Los recursos están en subsuelo sanjuanino y son de los sanjuaninos". Remarcó que el acuerdo de límites lleva más de medio siglo vigente y que lo defenderá "con la ley en la mano". No hubo margen para la ambigüedad: San Juan no está dispuesta a ceder ni un gramo de las regalías ni un centímetro de territorio.

Y acá está el corazón real del conflicto: las regalías mineras, estimadas en el 3%, van íntegramente a San Juan. La Rioja, que aporta el territorio logístico esencial sin el cual el proyecto no puede operar, no ve un solo peso de ese flujo. Quintela quiere cambiar eso, y el bloqueo judicial es su palanca de negociación más poderosa.

Lo que hay en juego: una inversión que redefine el mapa minero argentino

Para entender por qué este conflicto importa más allá de la disputa provincial, hay que dimensionar el proyecto. BHP y Lundin Mining, dos de los gigantes globales de la minería, son los accionistas principales de Vicuña. La inversión total proyectada es de USD 18.000 millones en diez años, con un primer desembolso de USD 7.000 millones hasta la obtención del primer concentrado de cobre, previsto para 2030.

Si el proyecto llega a esa escala, Argentina se posicionaría entre los cinco mayores productores de cobre, oro y plata del mundo. El cobre, en particular, es un metal cuya demanda global está en plena explosión por la transición energética: paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes de transmisión necesitan cantidades enormes de ese mineral. Vicuña llega en el momento exacto en que el mundo lo está buscando desesperadamente.

Que ese proyecto esté frenado —aunque sea parcialmente y por 30 días— por un conflicto de límites provinciales que podría haberse anticipado y gestionado con años de anticipación, dice algo importante sobre cómo Argentina sigue tropezando con su propia institucionalidad justo cuando tiene una oportunidad histórica en la mano.

El punto de vista que la disputa política opaca

Hay una pregunta que nadie está haciendo con suficiente claridad en medio del cruce entre Quintela y Orrego: ¿por qué se llegó hasta acá?

Un proyecto de esta envergadura, con dos provincias involucradas en la logística y una sola percibiendo regalías, debería haber tenido desde el principio un esquema de acuerdo interjurisdiccional que contemplara compensaciones, empleo local y participación ambiental para La Rioja. No como favor político, sino como condición operativa básica. Que eso no haya ocurrido —o que haya ocurrido de manera insuficiente— es una falla de planificación que ahora BHP y Lundin Mining están pagando con un bloqueo judicial y una ruta alternativa de emergencia.

El Gobierno nacional, que tiene en Vicuña uno de sus argumentos más sólidos para mostrar inversión extranjera y confianza en el modelo económico, tampoco puede lavarse las manos: la coordinación entre provincias en proyectos de esta escala es una responsabilidad federal que no puede dejarse librada al buen humor de los gobernadores.

Si Argentina quiere aprovechar el boom del cobre que se viene, necesita resolver este tipo de conflictos antes de que los inversores empiecen a mirar hacia Chile o Perú con más tranquilidad.