Esta tarde, en una misa por el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, los funcionarios de Javier Milei y Axel Kicillof van a compartir el mismo espacio por un rato. Va a ser, casi con certeza, el único momento de convivencia pacífica en una jornada que estuvo marcada por todo lo contrario: escalada judicial, cruce por la asistencia alimentaria y una ofensiva legislativa libertaria contra la Gobernación bonaerense que no para de crecer.

El mapa del conflicto es amplio y cada frente tiene su propia temperatura. Pero hay un número que lo resume todo: $681.000 millones. Eso es lo que la provincia de Buenos Aires reclama al Estado Nacional a través de ocho demandas ante la Corte Suprema, y este martes Kicillof se presentó personalmente en el Palacio de Tribunales para avanzar con una de ellas.

La motosierra llegó a las cajas provinciales

El detonante más reciente del conflicto es el DNU 280/2024, firmado por Milei, que suspendió las transferencias destinadas a cubrir el déficit previsional de las cajas provinciales. El entorno de Kicillof reclama el pago de deudas y actualizaciones derivadas de esa medida, y hasta el cierre de esta nota la ANSES no había dado ninguna respuesta sobre cómo planea resolver el reclamo.

Pero el conflicto previsional es solo uno de los ocho frentes abiertos. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, viene denunciando desde hace meses el recorte en transferencias y programas indirectos, y la cifra que maneja el gobierno provincial es contundente: "desde la asunción del Gobierno nacional, la provincia lleva perdidos 22,2 billones de pesos".

No es un número abstracto. Se traduce en colectivos con subsidios insuficientes, en prestadores del PAMI que reclaman pagos, en fondos para bosques nativos que dejaron de llegar, en el fondo docente discontinuado sin previo aviso. La motosierra que Milei aplicó al Estado nacional tiene una correlación directa en los presupuestos provinciales vía la caída de la recaudación y la consecuente merma en la coparticipación.

El mapa de los ocho reclamos

Vale la pena detallar lo que la Provincia tiene abierto en la Corte, porque la dimensión del conflicto suele perderse en los titulares:

El reclamo más grande apunta al incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 y acuerdos 2023, con un monto que supera $1,13 billones y que trepa a $2,2 billones si se suman las diferencias por el Fondo del Conurbano y saldos impagos de convenios recientes.

Le sigue la demanda por la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 192/2024, que eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), reclamando $88.800 millones más intereses por transferencias no realizadas entre noviembre de 2023 y febrero de 2024.

La Provincia también exige la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), discontinuado unilateralmente, por aproximadamente $42.000 millones devengados desde 2023. Y reclama la restitución del Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior, con una pretensión estimada en $5.000 millones, que impacta directamente en el financiamiento del transporte urbano y suburbano bonaerense.

Completan el cuadro las demandas por el sistema SUBE en jurisdicción provincial y municipal, por el Fondo de Bosques Nativos —con una deuda estimada en $400 millones—, por la impugnación de la Resolución 625/24 de ENARGAS que impone un cobro para obras gasíferas en las boletas, y por las transferencias previsionales suspendidas por el DNU 280/2024.

La pelea por la comida: MESA, SAE y un cruce que no tiene ganadores

En paralelo a la batalla judicial, estalló un conflicto político de alto voltaje en torno a los programas alimentarios. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, presentó una carta al Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello reclamando $220.000 millones por el Servicio Alimentario Escolar (SAE). La respuesta de la cartera nacional llegó rápido y fue un portazo: Nación afirmó que el programa es de competencia provincial y que no le debe nada a la Gobernación en materia de asistencia alimentaria. Para reforzar el argumento, Capital Humano precisó que el aporte nacional representa apenas el 20% del costo total de los comedores escolares, siendo el 80% restante responsabilidad de la Provincia.

En ese contexto, trascendió que la gestión de Kicillof estaría evaluando reducir el financiamiento del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), lo que encendió todas las alarmas en el arco opositor y le dio una oportunidad de oro a los legisladores libertarios.

LLA contraataca desde la Legislatura

Ahí entró en escena Carlos Curestis, senador libertario, presidente del bloque de LLA en el Senado bonaerense y hombre de máxima confianza del armador Sebastián Pareja. Este mediodía presentó un pedido de informe exigiendo al oficialismo provincial que explique con detalle qué va a pasar con el programa MESA: cantidad de beneficiarios, costo de los módulos, impacto presupuestario, destino de los fondos en caso de eliminación y mecanismos de control, entre otros puntos.

"No se puede jugar políticamente con la comida de la gente ni usar a los sectores más vulnerables como excusa para ocultar decisiones propias", disparó Curestis. La frase es políticamente efectiva, aunque viene de un bloque que en el Congreso nacional acompañó recortes en el presupuesto de políticas sociales que afectaron a esos mismos sectores vulnerables. La coherencia, en la política argentina, siempre es selectiva.

La ofensiva legislativa de los parejistas no se detiene en el MESA. Ayer presentaron proyectos en ambas cámaras provinciales para impulsar la normalización del IOMA, el Instituto de Obra Médico Asistencial, sacudido por denuncias de deudas con prestadores, suspensión de servicios y demoras en la atención. La propuesta incluye un pedido de informe para citar a las autoridades del organismo ante la Comisión de Salud y la creación de una Mesa de Trabajo Provincial Permanente con representantes del IOMA, prestadores, afiliados y legisladores.

El punto de vista que el ruido político no deja ver

En medio de la batalla de comunicados y pedidos de informe, hay algo que merece atención: tanto Nación como Provincia están usando a los sectores más vulnerables como munición política, y en ese fuego cruzado los que pierden son siempre los mismos.

El programa MESA asiste a familias que dependen de esa ayuda para comer. El SAE financia comedores escolares. El IOMA cubre la salud de empleados públicos bonaerenses. Que estos programas sean el campo de batalla entre Kicillof y Milei —uno recortando por la presión fiscal que ejerce la Nación, el otro usando esos recortes como ariete opositor— dice mucho sobre las prioridades reales de ambas administraciones.

El verdadero test va a llegar cuando la Corte Suprema empiece a expedirse sobre estos reclamos. Si los fallos acompañan a la Provincia, el Gobierno nacional va a enfrentar una presión fiscal adicional en un año electoral que ya se presenta complicado. Si la Corte demora o falla en contra, Kicillof va a tener que explicar cómo administra una provincia que dice estar asfixiada pero que también toma decisiones propias de ajuste en programas sociales.

Ninguna de las dos opciones es cómoda. Y los bonaerenses, mientras tanto, siguen esperando que alguien resuelva el problema en lugar de pelearse por quién tiene la culpa.