No fue una sorpresa. Fue la confirmación de algo que muchos en el sector lácteo venían viendo venir desde hace años, quizás desde hace dos décadas. Este miércoles, el juez Marcelo Gelcich, del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, Santa Fe, firmó lo que la propia empresa ya había reconocido que era inevitable: la quiebra de SanCor.

La resolución judicial no dejó lugar a interpretaciones: el magistrado consideró que "la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión". En criollo: no hay vuelta atrás. No hay plan de pagos posible. No hay reestructuración que alcance. SanCor, tal como la conocimos, dejó de existir.

Los números del colapso

La cooperativa llevaba en concurso preventivo desde febrero de 2025, cuando ingresó al proceso buscando, según declaró en ese momento, "una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor". Esa solución nunca llegó. Peor aún: el concurso no frenó la hemorragia sino que la aceleró. Según el juez Gelcich, el pasivo postconcursal crecía a una tasa de aproximadamente $3.000 millones por mes.

El cuadro que dejó al descubierto la resolución judicial es devastador:

1. $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado
2. $6.349 millones de deuda impositiva y previsional
3. $3.380 millones en aportes a obras sociales y sindicatos sin pagar
4. $13.313 millones en deudas comerciales
5. Más de US$86 millones millones en el pasivo del concurso

A eso se suma el pasivo previo, que ronda los US$120 millones en total, distribuido entre más de 1.500 acreedores. Una montaña de deuda que ningún plan de pagos podía escalar.

914 trabajadores y las plantas que siguen (por ahora)

El juez tomó una decisión que, en el contexto de la quiebra, resulta crucial para las familias que dependen de SanCor: la empresa va a seguir operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial. La justificación es clara y humana: un cierre abrupto "causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general".

Pero esa continuidad es temporal y tiene un destino definido: los bienes de SanCor serán "incautados por los síndicos y conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta". El juez anticipó que se convocará a interesados para adquirir las plantas industriales —en conjunto o por separado— a través de una licitación. El Consejo de SanCor, encabezado por su presidente Oscar Sapino, deberá colaborar con los síndicos durante la transición.

En la práctica, lo que viene es una carrera contra el reloj para encontrar compradores que quieran —y puedan— hacerse cargo de lo que queda de la cooperativa más importante del sector lácteo argentino.

La historia de un largo adiós

SanCor no nació para terminar así. Fundada en 1938 como la unión de cooperativas de Santa Fe y Córdoba, fue durante décadas mucho más que una empresa de lácteos: fue un motor de desarrollo regional. Donde llegaba SanCor, llegaban la electrificación rural, los caminos transitables y la tecnificación del campo. Dio origen a SanCor Seguros, al Banco Rural, formó técnicos y profesionales que marcaron al sector. Fue, sin exageración, el modelo de éxito del cooperativismo nacional argentino.

En su mejor momento, la cooperativa era una potencia exportadora con presencia en decenas de países y una capacidad de producción que la ubicaba entre las empresas lácteas más grandes de América del Sur.

La primera gran crisis llegó hace dos décadas, cuando SanCor estaba al borde del precipicio y el mercado empujaba hacia una solución privada con grupos internacionales. Fue entonces cuando apareció un nombre inesperado en la historia: Hugo Chávez. A instancias del presidente Néstor Kirchner, Venezuela otorgó un crédito de 135 millones de dólares a través del Banco Nacional de Desarrollo venezolano. A cambio, SanCor se comprometía a proveer 15 millones de toneladas de leche en polvo durante 12 años y a transferir tecnología para el desarrollo de plantas lácteas en Venezuela. Un acuerdo que hoy suena a otra época —porque lo es— pero que en ese momento fue el salvavidas que mantuvo viva a la cooperativa.

Ese salvataje coincidió con el mejor momento productivo del sector: durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la producción lechera argentina alcanzó récords históricos de entre 11.600 y 11.800 millones de litros anuales. SanCor navegó esa ola, aunque sin resolver sus problemas estructurales de fondo.

La segunda agonía empezó en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri. Los números indicaban que la cooperativa necesitaba entre 400 y 450 millones de dólares para mantenerse a flote. Esta vez no hubo Chávez ni crédito venezolano: el gobierno de Cambiemos mantuvo una postura de distancia, sin gestionar ni avalar ninguna línea de financiamiento. Comenzaron los cierres de plantas, las ventas de activos y la pérdida de marcas icónicas: la línea de yogures y postres fue vendida a ARSA, empresa que luego también presentó quiebra en un dato que resume bastante bien el estado del sector.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, los intentos de crear un fideicomiso de rescate fracasaron uno tras otro. La cooperativa quedó atrapada en una inercia de deudas, pérdida de mercado y achicamiento progresivo. De las 12 plantas originales, solo 6 permanecían bajo su órbita al momento de la quiebra.

Y en la era Milei, al igual que Macri, el Gobierno mantuvo la misma postura de no intervención. La quiebra llegó sin que desde la Casa Rosada se moviera un solo dedo para evitarla.

El punto de vista que el comunicado judicial no incluye

La caída de SanCor no es solo la historia de una empresa que no supo adaptarse o que acumuló deudas que no pudo pagar. Es también la historia de un modelo —el cooperativismo agroindustrial de escala— que el Estado argentino nunca terminó de decidir si quería sostener o dejar morir.

Hubo momentos en que el Estado intervino activamente para salvarla —con más o menos acierto, con más o menos condiciones—. Y hubo otros en que miró para el costado mientras la cooperativa se desangraba. La combinación de ambas actitudes, según el momento político, terminó siendo peor que cualquiera de las dos por separado: ni se la dejó quebrar a tiempo para que alguien con capacidad la absorbiera, ni se la capitalizó de manera suficiente para que pudiera competir.

El resultado está a la vista: 914 trabajadores que hoy no saben qué va a pasar con sus puestos, más de 1.500 acreedores que van a cobrar centavos por cada peso que les deben, y la desaparición formal de una marca que durante décadas estuvo en la heladera de millones de hogares argentinos.

Eso no se explica solo con los números del balance. Se explica también con décadas de decisiones políticas, omisiones y oportunidades perdidas que este miércoles encontraron su punto final en un despacho judicial de Rafaela.