En medio de un calendario financiero exigente, el Gobierno de Javier Milei concretó una nueva operación para cumplir con sus compromisos ante el Fondo Monetario Internacional. El Tesoro nacional compró Derechos Especiales de Giro (DEGs) por el equivalente a US$819 millones al Exchange Stabilization Fund (ESF), un instrumento que depende del Tesoro de Estados Unidos y que suele intervenir en este tipo de transacciones.

El objetivo fue afrontar un vencimiento de intereses que operaba el viernes pasado. Si bien la operatoria no es novedosa, vuelve a poner en el centro del debate la dinámica financiera de la Argentina y su dependencia de los organismos multilaterales.

Qué son los DEGs y por qué el país debe comprarlos

Una particularidad de la relación con el FMI es que los pagos deben realizarse en DEGs, la unidad de cuenta del organismo. Eso obliga a los países miembros a contar previamente con esos activos. Si no los tienen en cartera, deben adquirirlos en el mercado internacional o a través de acuerdos bilaterales, como el que se concretó con el fondo estadounidense.

Según los datos oficiales, la operación implicó la compra de algo más de 596 millones de DEGs, considerando la paridad vigente (cada dólar equivale a 0,727854 DEGs). El vencimiento en cuestión ascendía a 548,6 millones de DEGs —cerca de US$753 millones—, pero las tenencias disponibles eran muy reducidas, por debajo de los US$40 millones, lo que obligó a salir al mercado.

No es la primera vez que el Gobierno recurre a este mecanismo: en enero había adquirido el equivalente a US$808 millones y, en octubre pasado, unos US$872 millones. En la práctica, se convirtió en una herramienta recurrente para cumplir con el cronograma de pagos sin tensionar aún más las reservas.

Cómo se cerró la brecha financiera

Hasta el martes previo a la operación, el Tesoro tenía depósitos en moneda extranjera por US$526 millones en el Banco Central. Ese monto no alcanzaba para cubrir la totalidad del compromiso.

En paralelo, entre martes y miércoles de la semana pasada, el Gobierno logró captar US$848 millones en el mercado local mediante la colocación de bonos en dólares, entre ellos los títulos AO27 y AO28. Esa estrategia de financiamiento fue clave para completar los fondos necesarios y sostener la operación sin sobresaltos inmediatos.

Desde el punto de vista financiero, la jugada refleja una lógica de “puente”: se toman recursos en el mercado para cancelar vencimientos mientras se espera la llegada de fondos externos que recompongan la caja.

A la espera de un nuevo desembolso

La compra de DEGs se dio en un contexto sensible. La Argentina aguarda que el Directorio del FMI apruebe la segunda revisión del programa firmado en 2025 por US$20.000 millones. Si esa instancia avanza, el país podría recibir un desembolso cercano a US$1.000 millones.

El acuerdo técnico que habilita esa discusión fue anunciado el 15 de abril durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington. Sin embargo, la aprobación formal todavía está pendiente.

Un esquema que abre interrogantes

Más allá del cumplimiento puntual del vencimiento, el trasfondo es estructural: la Argentina sigue dependiendo de refinanciaciones y desembolsos para sostener su programa financiero. Cada pago al FMI se convierte, así, en una combinación de ingeniería financiera, acceso al mercado y expectativa política.

Para el Gobierno, cumplir en tiempo y forma es una señal hacia los mercados y hacia el propio Fondo. Para los analistas, en cambio, el desafío pasa por consolidar reservas genuinas y reducir la necesidad de recurrir periódicamente a compras de DEGs para afrontar compromisos.

En definitiva, mientras se espera el visto bueno del FMI y el ingreso de fondos frescos, la estrategia oficial apunta a evitar cualquier traspié en el calendario de pagos, aun cuando eso implique seguir recurriendo a mecanismos extraordinarios para conseguir los DEGs necesarios.